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RESUMEN
Uno de los aspectos más controvertidos en la evaluación
de políticas y proyectos es la elección del valor
apropiado para la tasa de descuento. Además, cuando existen
impactos a muy largo plazo surge el problema de valorar los costes y
beneficios que afectan a las generaciones futuras mediante, por
ejemplo, una tasa de descuento, o ponderación,
intergeneracional. Pero, incluso en este último caso,
estaría dominando la perspectiva de las generaciones presentes,
que actuarían como si poseyeran la totalidad de los derechos de
propiedad sobre todos los recursos. Por lo tanto, es necesario
incorporar el requisito de sostenibilidad en el análisis. En
este trabajo se examinan estos aspectos y se proponen vías de
solución.
PALABRAS CLAVE
Evaluación de proyectos, tasa de descuento, generaciones futuras
JEL: H4, K11, Z10
ABSTRACT
One of the
most controversial aspects in the evaluation of policies and
projects is the selection of an appropriate value for the discount
rate. Besides, when there are impacts on the very long run there is a
problem for the evaluation of costs and benefits that affect future
generations through, for example, a inter-generational discount
rate, or weighting rate. But even in this last case, the present
generation approach would dominate. They would act as if they own the
whole property right on resources. Therefore, it is necessary to
integrate the aspect of sustainability to the analysis. The present
work focuses on these aspects and proposes some ways for solution.
KEYWORDS
Project evaluation, discount rate, future generations JEL: H4, K11, Z10.
1.
INTRODUCCIÓN
Examinando la literatura sobre evaluación de proyectos
cabría pensar que si todos los impactos recaen sobre las
generaciones presentes, entonces no existe dificultad alguna en evaluar
cualquier proyecto desde una perspectiva social. La realidad, sin
embargo, es muy distinta. El teorema de imposibilidad de Arrow (1951) y
el de Gibbard (1973) y Satterthwaite (1975) demuestran que dado un
conjunto de alternativas es imposible ordenarlas o encontrar la mejor
opción desde una perspectiva social, siempre que se pretenda que
el resultado posea un mínimo de propiedades lógicas. El
resultado es general y afecta a cualquier forma de toma de decisiones
sociales, incluido el mercado y los sistemas de votación. En
particular, es obvio que no se dispone ni es posible
llegar a diseñar un procedimiento para evaluar proyectos
públicos sin exponerse a resultados paradójicos.
No se dispone pues de un sistema completamente satisfactorio para
evaluar proyectos públicos. Tampoco somos capaces de hallar un
procedimiento que siempre sea superior a cualquier otro. Como
consecuencia, han surgido multitud de métodos diversos, que
responden a enfoques distintos, tienen propiedades lógicas
diferentes y se enfrentan con mayor o menor éxito a variadas
dificultades.
La conclusión es obvia, será preferible un sistema u otro
en función del caso concreto a resolver y el objetivo
perseguido. Por ejemplo, en Osborne y Turner (2007, p. 1) se concluye:
“Encontramos que un referéndum lleva a mayor bienestar en un
análisis coste-beneficio en contextos de “valor público”.
El análisis coste-beneficio es mejor en contextos de “valor
privado””.
Dejando de lado los métodos puramente cualitativos de
evaluación por su endeble base económica, existen
multitud de procedimientos de evaluación cuantitativos que
incorporan de forma explícita o implícita un sistema de
precios relativos. No todos son aceptables; en Remer y Nieto (1995),
por ejemplo, se presentan veinticinco procedimientos cuantitativos para
medir la deseabilidad de un proyecto, aunque la mayoría no son
recomendables en absoluto. Tanto es así que a simple vista es
posible descartar más de veinte por su falta de racionalidad.
Algunos otorgan el mismo peso a flujos situados en momentos distintos
de tiempo, obviando la necesidad del descuento intertemporal. Otros
determinan y computan los costes y beneficios siguiendo criterios
contables que, como las amortizaciones o la imputación de gastos
generales, contradicen la noción económica básica
de coste y beneficio. Sea cual sea el método seleccionado, todo
indica que es preciso: (a)- identificar los costes y beneficios
relevantes, (b)- cuantificarlos, c- valorarlos y (d)- ponderar los
impactos en función de cuándo se producen. En lo que
sigue se examinarán dos problemas: el del descuento
intertemporal y el de la sostenibilidad.
2. El problema del descuento en la
evaluación de proyectos
Supóngase que, como en el denominado Análisis
Coste-Beneficio, es posible cuantificar y valorar todos los impactos de
un proyecto en cada uno de los periodos afectados por el proyecto. La
agregación de los saldos at en cada periodo t, t = 0, 1, …, T,
se lleva a cabo mediante la conocida función Valor Actual
Neto:
(1)
en donde r es la tasa de descuento social; VAN es una medida de
rentabilidad en términos absolutos y mide la variación de
riqueza en el periodo 0 que sería equivalente a llevar a cabo el
proyecto. Dados los flujos at, la función depende del valor que
se asigne a la tasa social de descuento r.
Antes de abordar el espinoso problema de elegir la metodología
apropiada para determinar la tasa de descuento es preciso decidir si se
sigue el individualismo metodológico o bien, desde un enfoque
paternalista, se decide cuál debería ser su valor con
independencia de las preferencias individuales.
En todo caso, la tasa de descuento r puede representar: (i) la tasa
social de descuento temporal (TSD), (ii) el coste de oportunidad del
capital (COC) o (iii) el rendimiento mínimo que desea obtener el
promotor para llevar a cabo el proyecto. En condiciones ideales se
llegaría a un mismo valor de r; en la práctica, sin
embargo, el resultado será muy distinto según se siga una
u otra metodología.
La tasa de preferencia temporal de un individuo puede incorporar varios
factores: la impaciencia por el consumo, la probabilidad de
supervivencia y la utilidad marginal del consumo decreciente si espera
que su dotación crezca con el tiempo. Pero puede argumentarse
que el descuento por impaciencia no es racional y que los individuos
mueren pero la sociedad no, por lo que estos componentes no
deberían tenerse en consideración. En este caso la TSD
sería muy baja, del orden del 0,5 %, mientras que si se
incorporan todos los factores relevantes a nivel individual puede
llegar al 5 %.
La vía del costo de oportunidad del capital no es menos empinada
y compleja ya que existen alternativas muy diversas: (i) El tipo de
interés determinado por el mercado de capitales: Método
desacreditado por cuanto nada sugiere que sea una aproximación
aceptable al rendimiento marginal de la inversión ni tenga nada
que ver con el coste de oportunidad del capital; (ii) El beneficio
relativo de la economía, calculado como el cociente entre el
beneficio total y el stock de capital. Se trata de un valor medio
cuando lo que se busca es el marginal. Existen problemas de
definición y medición, tanto del beneficio como del
capital, sobre todo en el sector público. Los valores situados
alrededor del 20 % se consideran normales; y , (iii) La
productividad marginal del capital estimada a partir de la
función de producción de la economía. Es un
método más riguroso que el anterior y proporciona valores
del mismo orden de magnitud.
Como una aportación no desdeñable a los métodos
anteriores, cabe tener en cuenta el precio sombra o precio de cuenta de
la inversión (PCI). El PCI calcula el valor actual de los flujos
generados por la tasa de rendimiento q de una unidad de
inversión durante un tiempo T, que se descuentan con la
TSD. En su forma más simple resulta:
(2)
Se supone que una parte de los flujos del proyecto se dedican a consumo
y otra a inversión. La actualización de los flujos se
realiza en la forma habitual sin más que multiplicar los fondos
dedicados a inversión por el PCI.
De nuevo el problema estriba en escoger el modelo más adecuado
para determinar el precio de cuenta o precio sombra de la
inversión. Como se muestra en Souto (2002), el resultado del
cálculo del PCI es muy sensible a las hipótesis de cada
modelo respecto a la duración de la inversión y a la
incorporación de la posibilidad de reinversión.
Tanto es así que el PCI para un mismo proyecto puede valer
infinito, 2,5, 1,2 o -7,1, según el modelo empleado.
Paradójicamente el cálculo del PCI no suele incorporar el
denominado costo marginal de los fondos públicos (CMF). Se trata
de medir los costos marginales de la ineficiencia que se provoca en la
economía al recaudar fondos mediante impuestos u otros
instrumentos distorsionantes. También aquí se encuentran
metodologías diversas —ver al respecto Triest (1990) y Liu
(2003)— sin que ninguna llegue a prevalecer sobre las demás, lo
que dificulta su aplicación. Obviar este componente supone
infravalorar en mucho el costo necesario para llevar a cabo la
inversión. En efecto, el CMF es mucho más alto que el
costo medio, puede ser del orden de 0,2 por unidad recaudada y
nada impide que se alcance un valor tan alto como 0,5, que es el
resultado del trabajo de Sancho (2003). Además, a este costo en
bienestar cabe añadir los de administración y
cumplimiento. No hace falta remarcar que el debate sobre el CMF no es
menos importante que el de la TSD, si se atiende a su posible impacto
sobre el resultado de medir la deseabilidad de un proyecto
público.
Contemplado el panorama, la conclusión es inmediata: No existe
consenso, no sólo sobre cuál es la mejor manera de
estimar la tasa de descuento adecuada, sino incluso respecto a
qué factores incorpora. En consecuencia, no es extraño
que se opte por la tercera vía y se decida directamente un valor
razonable.
Sería conveniente, por lo tanto, alcanzar un acuerdo sobre
cuál es el valor de la tasa que se aplicará en la
evaluación de proyectos públicos.
Como la noción de tasa razonable no es única, puede
ocurrir que para evaluar un mismo proyecto un organismo oficial utilice
una tasa del 3% y otro del 12 %, que es lo que ocurre en realidad,
sobre todo en proyectos de cooperación internacional. Esta falta
de acuerdo puede dar lugar a resultados paradójicos como se
muestra en la Figura 1.
Tasa de descuento
Figura 1.
Resultados paradójicos del uso de diferentes elecciones de tasas
de descuento en la evaluación de dos proyectos
Sean A y B dos organismos distintos que emplean las tasas de descuento
rA = 3 % y rB = 12 %, respectivamente, y deben evaluar los
proyectos I y II, cada uno en el ámbito de su competencia
(ver Figura 1). Bajo estas condiciones, puede suceder que VANI(rA) >
VANII(rA) pero VANI(rB) < VANII(rB) con lo que la agencia A
elegirá el proyecto I y la B el II. No hace falta añadir
que los valores dados a rA y rB se corresponden con tasas que se
aplican realmente en la valoración de proyectos públicos.
3. El
problema de la sostenibilidad en la evaluación de proyectos con
impacto ambiental
Con todas las cautelas que se quieran, la tasa de descuento
convencional refleja las preferencias de un individuo sobre la
disponibilidad de un bien o recurso hoy frente a mañana. Bajo la
hipótesis de inmortalidad -implícita en el cálculo
convencional del VAN- resulta relativamente fácil agregar
las tasas de descuento individuales para conseguir una tasa de
descuento social. Pero mediante este enfoque es imposible alcanzar un
resultado eficiente porque no se tienen en cuenta las preferencias de
los individuos entre consumo propio y consumo de sus descendientes o,
si se prefiere, entre las generaciones presentes (GP) y las
generaciones futuras (GF). El resultado es un sesgo sistemático
en el cálculo que infravalora los costos y beneficios que se
producen a lo que en término humanos se denomina largo
plazo. El sesgo más importante surge en la evaluación
de los impactos que no afectan a las GP pero tendrán mucha
importancia para las GF.
El problema del cálculo de los impactos a largo plazo es
evidente. Con una tasa de descuento de r = 5 % el valor actual (VAN) de
un impacto de $ 1.000.000 dentro de 100 años es menor que $
8.000. Sin embargo, para las generaciones presentes en el año
100 el impacto continuará siendo de $ 1.000.000, ceteris paribus
y, en todo caso, 100 años es un lapso de tiempo insignificante
para el planeta. En el límite, las GP medirían el
valor de una catástrofe para las GF como un costo insignificante
que puede compensarse con un pequeño beneficio. Con el
propósito de evitar resultados de este tipo se han generado
multitud de propuestas.
La propuesta más inmediata es extremadamente simple. Si el
problema se agudiza en la medida que aumenta la tasa de descuento basta
con emplear una tasa nula para eliminarlo o suficientemente baja para
paliar el problema —ver Daly y Cobb (1989), entre otros muchos. Una
tasa nula plantea un problema de tipo práctico: todos los
proyectos que producen beneficios netos positivos por un tiempo
ilimitado tendrían la misma rentabilidad, infinito, a menos que
se acorte el ámbito temporal a un tiempo finito y
arbitrariamente bajo. Pero es más grave el problema a nivel
conceptual, se trata de una solución ad hoc, porque la tasa de
descuento es un dato del problema, un parámetro, no una variable
de decisión. De esta forma se manipula a voluntad la tasa que
representa las preferencias entre consumo presente y futuro dentro de
una misma generación. Aunque su uso se justifica para favorecer
a las generaciones futuras, lo cierto es que no se tienen en
consideración las preferencias de los ciudadanos entre consumo
propio y consumo de sus descendientes.
Existe una propuesta más atractiva, la de tasas de descuento
decrecientes en el tiempo. Las investigaciones de Heal (1997) sugieren
que una tasa de descuento que decreciera de forma logarítmica en
el tiempo sería más apropiada que una tasa constante. En
Weitzman (2001) se formula una propuesta similar, una tasa de descuento
hiperbólica. Weitzman parte de una encuesta en la que se
preguntaba “[…] ¿qué tipo de interés real piensa
que debería utilizarse para descontar a lo largo del tiempo
beneficios (esperados) y costes (esperados) de proyectos propuestos
para mitigar los posibles efectos del cambio climático global?”
(p. 266). Los datos obtenidos, que se muestran en la Tabla 1, se
ajustan a una función gamma y, de esta forma “incluso si cada
individuo cree en una tasa de descuento constante, la tasa de descuento
efectiva se reduce fuertemente a lo largo del tiempo” (p. 260).
Tabla 1. Aproximado de las tasas de
descuento recomendadas
Fuente: Weitzman (2001, p. 266).
El análisis formal es impecable, sin embargo es posible formular
algunas objeciones de tipo económico:
a- En la pregunta se mezclan los costos, que son tangibles y bienes
privados puros, con los beneficios, que son intangibles y un bien
público puro en el sentido de Samuelson. De hecho, los costos y
beneficios ambientales deberían descontarse mediante una tasa
distinta de la que sería apropiada para los bienes que
suministra el mercado —véase Almansa y Calatrava (2007).
b- Puede pensarse que los mismos datos se ajustarían
también a otras funciones y, bajo esta hipótesis, el
resultado hubiera sido cualitativamente distinto. c- Cabe preguntarse
si no hubiera sido preferible preguntar directamente sobre la tasa
adecuada en cada período de tiempo sin imponer la
restricción de ceñirse a una tasa constante.
Con todo, el resultado es razonable y atractivo, tanto es así
que la propuesta, con ligeras modificaciones en intervalos y valores,
se recoge en Treasury (2003), y se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Tasa de descuento decreciente a
largo plazo
Fuente:
Treasury, http://greenbook.treasury.gov.uk/
De hecho, el resultado es un paliativo para la drástica
pérdida de importancia de un costo o beneficio a muy largo plazo
que se obtiene con una tasa convencional. La tasa hiperbólica
tiene, además, la ventaja de su simplicidad, por lo que dispone
de buenas posibilidades en una eventual pugna con otros métodos
más sólidos.
La debilidad de la tasa hiperbólica radica en que, en el mejor
de los casos, sería un buen promedio, por lo que no puede
saberse si funcionará razonablemente bien en un proyecto
determinado. Por otra parte, y ésta es una crítica
más grave, sería arriesgado afirmar que una tasa
hiperbólica es capaz de reflejar en una forma adecuada dos
preferencias distintas: las intertemporales respecto al propio consumo
de los ciudadanos y las intergeneracionales. Con mayor motivo, es
más que dudoso que una tasa hiperbólica tenga en cuenta
las preferencias de las generaciones futuras, incluso con el supuesto
que fueran idénticas a las de las generaciones presentes. El
resultado de la aplicación de una tasa no puede ser
eficiente en la medida que se ignoran, total o parcialmente, las
preferencias de los ciudadanos o las externalidades
intergeneracionales.
Si se plantea bien el problema, se trata de contabilizar y ponderar los
costos y beneficios de un proyecto en un modelo con generaciones
solapadas, lo que es relativamente nuevo y complejo. Por una parte, es
preciso tener en cuenta la tasa convencional ,r, que refleja las
preferencias de un individuo entre consumos presente y futuro. Por otra
parte, es necesario incorporar de forma explícita otra
tasa ,R, que represente las preferencias entre consumo propio y consumo
de los descendientes.
En Kula (1988) se determina la bondad de un proyecto para cada
generación mediante el cálculo del VAN con la tasa de
descuento convencional. Estos VAN se agregan otorgando el mismo peso a
todas las generaciones, es decir, con una tasa intergeneracional nula.
Diversos autores, como Collard (1981), Bellinger (1991), Pasqual
(1999), Sumaila y Walters (2005) y Almansa y Calatrava (2007), entre
otros muchos, proponen el uso de dos tasas, r para calcular cada VAN
intrageneracional y R para agregarlos- o bien, lo que es equivalente,
la tasa convencional r y una ponderación intergeneracional.
Padilla y Pasqual (2002) proponen una ponderación
intergeneracional que incorpore las preferencias de los padres por el
bienestar de sus descendientes en la evaluación de proyectos.
Se dispone, entonces, de una buena base teórica para computar
los costos y beneficios de un proyecto que afectan a varias
generaciones. El problema ahora es de carácter aplicado, ya que,
hasta la fecha no se dispone de una estimación razonable de la
tasa de descuento intergeneracional y ni siquiera se conoce su orden de
magnitud.
La solución a la cuestión aquí planteada es
sólo una parte del problema. Se mejora la eficiencia pero
sólo se han tenido en cuenta las preferencias de las
generaciones presentes. Por lo tanto, se actuaría como sí
las generaciones futuras no tuvieran absolutamente ningún
derecho. El uso de dos tasas de descuento, la intrageneracional y la
intergeneracional, es correcto, pero no implica que se respete el
principio de sostenibilidad.
Como se señala en Padilla (2002) y Pasqual y Souto (2003), entre
otros, para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad es necesario
recurrir a otros instrumentos. No basta con las herramientas
económicas; es preciso disponer, además, de
mecanismos políticos y proceder a innovaciones y reformas de
carácter institucional. El problema básico es simple, las
generaciones presentes (GP) disponen de muchos y variados
instrumentos para transmitir sus preferencias a las generaciones
futuras (GF), pero no ocurre lo mismo en el sentido contrario. Las GF
no pueden comunicarse de ninguna forma con las GP ni, en particular,
tienen posibilidad alguna de negociación con las GP. Las GF
hallarán pues los recursos que les hayan cedido voluntariamente
sus predecesores.
Cada una de las sucesivas GP actúa según el menos
eficiente régimen económico conocido, el libre acceso,
respecto a las generaciones siguientes. Siendo esto así,
cabría esperar un colapso del sistema en un plazo relativamente
breve; pero tal predicción sería poco realista al ignorar
importantes elementos del problema que actúan en sentido
contrario. En la medida que las GP tienen preferencias definidas sobre
el bienestar de las GF, nada impide que la actuación
egoísta de las GP proporcione un resultado sostenible, siempre
que se cuente con las instituciones adecuadas.
Se puede definir el desarrollo sostenible como “[…] el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.” (World
Comission on Environment and Development, WCED, 1987, p. 43). Entonces,
sean Rjg los recursos iniciales de tipo j que dispone la
generación g con una población de Ng. Estos recursos
pueden ser explotados por la generación g produciendo a una tasa
de rendimiento de kg, obteniéndose en total (1+kg)·Rjg.
Sean Cg y cg, cg = Cg/ Ng, las necesidades totales y medias del recurso
j para la generación g, con Cg = hg(1+k)·Rjg,
hÎÂ+. De la misma forma, la generación siguiente g+1
obtendrá unos recursos totales de Rjg+1 =
[(1-hg)(1+kg)(1+kg+1)·Rjg] y per cápita de rjg+1 =
[(1-hg)(1+kg)(1+kg+1)·Rjg]/Ng. Se conseguirá la
sostenibilidad respecto al recurso j para las generaciones g y g+1 si:
 (3)
Que hg >1 significa que las necesidades de la generación g
superan los recursos de que disponen y no sería sostenible para
la GP g. El resultado, en términos del tamaño de las
poblaciones de g y g+1, depende de si tales necesidades son las de
subsistencia o superan este límite biológico. Si
hg 1, se consigue la sostenibilidad para
la generación g. La sostenibilidad para la generación
siguiente g+1 será tanto más factible cuanto menores sean
las poblaciones (Ng y Ng+1) y las necesidades (cg y cg+1) y mayores las
productividades de los recursos (kg y kg+1).
Si las condiciones (3) se cumplieran holgadamente no sería
necesario proseguir con el análisis. Puede pensarse que se
está siguiendo ya una senda que conduce a esta meta. Los
argumentos para sostener dicha afirmación serían los
numerosos e importantes cambios que se están produciendo. Uno de
estos cambios es la contabilidad verde. Se trata de llevar a cabo
determinados ajustes en el sistema contable convencional con el
propósito de incluir correctamente todos los costos y
beneficios en la contabilidad nacional, sean éstos tangibles o
intangibles (Ahmad et al., 1989). De esta forma no se
confundiría la creación de riqueza con la simple
transformación de capital natural (KN) en capital manufacturado
(KM). Por ejemplo, si en un periodo determinado aumenta
considerablemente el capital manufacturado pero el capital natural KN
es menor, siendo la suma mayor que al principio, se habría
producido una pérdida que la contabilidad verde
detectaría, mientras que la convencional la interpretaría
como un crecimiento espectacular.
Entre los cambios producidos es preciso destacar las innovaciones y
mejoras en la metodología del diseño de proyectos con
gran impacto ambiental. Por citar sólo uno a modo de ejemplo, el
concepto de análisis de hábitat equivalente —habitat
equivalency anaysis (HEA) (Dunford et al., 2004; Zafonte y
Hampton, 2007) es atractivo y relevante, tanto desde una perspectiva
teórica como por sus amplias posibilidades de aplicación.
Mediante el procedimiento HEA se persigue compensar por los
daños ambientales en un hábitat, en términos de
valor presente. La reparación completa de un hábitat
dañado no sería una compensación suficiente; como
consecuencia de tener en cuenta el descuento intertemporal, para
mantener el valor de 1 unidad perdida hoy es necesario conseguir (1+r)
unidades mañana. Para calcular la compensación se tienen
en cuenta las unidades que se han podido recuperar y su valor relativo,
así como la cantidad de hábitat equivalente que se ha
producido y el tiempo necesario.
Es importante destacar que la compensación por un daño
ambiental mediante un HEA se lleva a cabo con exactamente el mismo tipo
de capital natural. Se evitan así de raíz tanto
algunos problemas lógicos, como el de la paradoja de Scitovsky,
como los de tipo ético, que pueden aparecer cuando se emplean
compensaciones monetarias —si se produce esta paradoja ocurre que desde
la posición de statu quo S se prefiere un proyecto X, sin
embargo, una vez ejecutado X es preferible S (Scitovsky, 1941).
También los métodos de evaluación de proyectos se
han ido adaptando a los nuevos requerimientos de calidad ambiental —ver
EBRD (2006), por ejemplo— y superan con creces las posibilidades de los
procedimientos clásicos como el Análisis Costo-Beneficio.
Entre los nuevos sistemas de evaluación destaca el denominado
Social Multi-criteria Evaluation (Munda,1996 y 2004) por su potencia y
flexibilidad.
Es innegable que tanto los cambios en el diseño de proyectos
como la irrupción de modernos sistemas de evaluación para
dar cabida a las variables ambientales, tienen más relevancia
para las GF que para las GP. Lo mismo puede decirse de muchas de las
políticas adoptadas por los gobiernos que, como algunas de las
que se están siguiendo para mitigar el cambio climático,
favorecen tanto o más a las GF que a las GP.
Desde una perspectiva menos optimista, o más exigente, la actual
evolución de métodos y políticas aparece como
insuficiente. Se puede pensar que todavía queda mucho por hacer
y que es urgente perseguir la sostenibilidad ambiental como prioridad
principal y determinar líneas de acción concretas. En
palabras de Goodland et al., (1993), “[…] se puede aproximar la
sostenibilidad ambiental implementando cuatro prioridades; (i)
utilizando medios macroeconómicos adecuados; (ii) usando las
herramientas macroeconómicas adecuadas para diferenciar entre
uso y liquidación de capital natural por medio de la
contabilidad ambiental; (iii) utilizando la evaluación ambiental
para incorporar costes ambientales en la evaluación de
proyectos; y, (iv) -hasta que los tres primeros se consigan
completamente-siguiendo orientaciones operativas para la
sostenibilidad.”
Pero tal vez no baste con incorporar-bien-las preferencias y el punto
de vista de las PG, aunque se cuente con una serie de restricciones que
se respetarán con toda seguridad para tratar de alcanzar el
objetivo de la sostenibilidad. Tal vez deba reconocerse de forma
explícita que las GP no tienen todos los derechos de propiedad
sobre la tierra sino que, por lo menos en parte, pertenecen a las GF.
Bajo esta hipótesis se trataría entonces de avanzar en el
diseño de nuevas instituciones, que tendrían como
objetivo representar y defender los intereses y derechos de las GF en
todos los campos relevantes.
De hecho, cualquier GP tiene la capacidad de modificar y suprimir
instituciones, leyes y normas a su antojo. Por este motivo, es
necesario construir un entramado protector antes de formular cualquier
propuesta de reforma a favor de los intereses de las GF. En concreto,
podría empezarse por una enmienda constitucional para dificultar
la derogación de las disposiciones legales que se establezcan a
favor de la GF. Los espacios naturales protegidos serían un
ejemplo típico.
Naturalmente, para proteger una zona marítima ubicada en aguas
internacionales será necesario un acuerdo internacional. Lo
mismo cabe afirmar para una adecuada gestión de recursos
estratégicos y determinados residuos, la solución pasa
por la creación de agencias internacionales especializadas, como
serían el Banco mundial de recursos naturales y ambientales y el
Banco internacional de residuos radioactivos.
Además del blindaje legal, cabe recurrir también al
sistema de propiedad privada; se pueden proporcionar incentivos
fiscales para las fundaciones y entidades no lucrativas cuya finalidad
sea la compra de espacios para su preservación efectiva.
Por último, sería útil crear una figura como el
representante de las GF. La misión de esta agencia sería
la de monitorear el uso del capital que pertenece a las GF. En caso de
conflicto reclamaría en el mercado ante la administración
o el sistema político una compensación adecuada.
4. CONCLUSIONES
Una de las cuestiones más controvertidas en la evaluación
de políticas y proyectos es la elección de la tasa de
descuento a utilizar para tener en cuenta los impactos que recaen en
diferentes periodos. Se han analizado los diferentes métodos de
cálculo de la tasa de descuento temporal destacando los
problemas que se dan en cada caso. Dado que no existe consenso sobre la
metodología a emplear, no es extraño que finalmente se
opte por la elección de un valor considerado “razonable”. No
obstante, esta alternativa requiere que se alcance un consenso respecto
a su orden de magnitud en la evaluación de proyectos
públicos, dada la diversidad de nociones que se pueden dar
respecto a lo que se considera una tasa “razonable”. Por otro lado, los
métodos convencionales de evaluación económica
(que habitualmente ayudan a los que toman decisiones) son incapaces de
tener en cuenta la existencia de diferentes generaciones y, mediante la
aplicación del descuento temporal, tienden a ignorar los
impactos en el largo plazo. Se ha analizado cómo los
métodos de evaluación podrían tener en cuenta los
impactos sobre el futuro y cómo se podría incorporar el
requisito de sostenibilidad en las decisiones sociales. Esto
implicaría, en primer lugar, más eficiencia, al tener en
cuenta estos impactos con una ponderación intergeneracional
adecuada, y en segundo lugar, una distribución más justa
entre generaciones que la implicada en el análisis
económico convencional. Esto último requiere de la
reforma y la creación de las instituciones que permitan
conseguir la sostenibilidad ambiental.
5.
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